La subida salarial de los funcionarios no es prioridad para Montero

Aunque los funcionarios públicos han denunciado en reiteradas ocasiones que desde el año 2010 han venido acumulando una notoria pérdida de su poder adquisitivo, la ministra Montero ha hecho caso omiso de la situación, que además se ha agudizado.

Por el contrario, esta ha descartado la posibilidad de abordar el tema del incremento salarial de estos empleados.

Al respecto, para el año 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó una histórica rebaja de los sueldos de estos trabajadores, quienes actualmente están viéndose afectados por el aumento de la inflación.

Los empleados públicos se sienten atemorizados de que la situación pueda empeorar en medio de este contexto. Por ello, han notificado al Ejecutivo que es urgente comenzar con las negociaciones en torno a los incrementos de los salarios.

Asimismo, estos funcionarios plantean que hay que marcar un plan plurianual, tal como el que firmaron con el exministro Cristóbal Montoro, puesto que este les proporcionó notables mejoras en los años 2018, 2019 y 2020.

La ministra Montero prioriza descongelar el teletrabajo

María Jesús Montero, quien es la actual ministra de Hacienda y Función Pública, ha descartado  totalmente la posibilidad de iniciar un proceso para abordar la subida salarial de los empleados públicos en este momento, puesto que lo considera un proceso muy complejo.

Por otro lado, actualmente, el presidente Sánchez está pidiendo un pacto de rentas en el ámbito privado. Estas acciones tienen el propósito de evitar una espiral inflacionista. No obstante, la negociación con los funcionarios es muy espinosa y, aunque estos no tienen el peso de los pensionistas, pueden considerarse un grupo de presión muy importante.

La ministra tiene el objetivo de acelerar la implementación del trabajo a distancia durante el presente mes de abril, así como empezar la regularización de la situación en la que se encuentran los interinos.

Se tiene en consideración el mes de abril para comenzar con la aplicación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), cuyo acuerdo se firmó hace un año. Sin embargo, todavía no se ha atrevido a establecer una fecha en particular para su puesta en marcha.

La propia ministra sí lo hizo en noviembre del pasado año en el Congreso de los Diputados, exponiendo que ya en enero y febrero la medida estaría aprobada. No obstante, estos plazos no se cumplieron.

Antonio González, de la Unión General de Trabajadores (UGT), manifestó al respecto de la aplicación del teletrabajo que, aunque en Función Pública han dicho que este saldrá en breve, ha pasado un año y no han tenido noticias al respecto.

Según lo expresado por Begoña Gil de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), estas bases fueron sentadas en abril de 2021 con la firma con Iceta y el 15 de diciembre ya estaba listo el borrador, mientras que, el trámite de información pública culminó el 4 de enero.

El CSIF no entiende las causas de la demora en la aplicación del teletrabajo

Por estas razones, en el CSIF  no comprenden las causas de la demora, ni lo que está esperando la ministra para publicarlos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), debido a que en el Ministerio les han dicho que en abril podría estar listo.

Estos representantes sindicales coinciden en su opinión en torno a la aplicación del teletrabajo, exponiendo que este proceso no es automático, sino que, para que pueda estar totalmente activo, se irá llevando a cabo en meses.

Hoy en día, los empleados públicos tienen la posibilidad de teletrabajar un 20% de su jornada, pero con el decreto nuevo, podrían hacer de manera remota sus tareas 3 días a la semana.

El teletrabajo representa una posibilidad de ahorro para las familias

Gil también expuso que, debido a la subida de la gasolina, el teletrabajo representa una posibilidad de ahorro para las familias, puesto que, esta modalidad laboral permite que haya que hacer menos desplazamientos para trabajar.

En lo que concierne al tema de la negociación salarial, el CSIF solicitó formalmente tener una reunión extraordinaria con Función Pública, pero no se ha atendido hasta ahora dicha petición.

Existe una preocupación por parte de los funcionarios públicos de pérdida de poder adquisitivo

Al CSIF le preocupa el hecho de que pueda llegar a haber recortes en los medios materiales y técnicos, así como en las nóminas o plantillas.

Por su parte, González manifestó su preocupación en torno a que los funcionarios públicos puedan perder su poder adquisitivo, expresando que es necesario  llevar a cabo un acuerdo que permita garantizar su bienestar económico.

Considera que el mejor modo de hacerlo es por medio de un plan plurianual, tal como lo han implementado otros países del entorno en lo que se refiere al ámbito salarial y las ofertas públicas de empleo.